El principal problema estructural de nuestra sociedad es la concentración del poder político y económico. Lima es prueba de ello, produce el 50% del PBI, dispone del 70% del presupuesto Público y cuenta con el 35.6% de la población; por consiguiente, Lima vive de las provincias, lo que genera exclusión social y económica no solo en el interior del país, sino también en la capital, donde llegan peruanos de distintos lugares en búsqueda de oportunidades; la mayoría terminan asentados en los cinturones de miseria.

Los efectos de la pandemia han desnudado la desigualdad en el desarrollo de las regiones, y la reactivación socioeconómica exige enfrentar seriamente el desarrollo territorial del país con transformación productiva. Según la OCDE, el Perú tiene aún un largo camino por recorrer en el marco fiscal. Se requiere que el ministro de economía se convierta en un ministro de finanzas y exista un Instituto Nacional de Planificación.

En las últimas cuatro décadas hubo diversas iniciativas descentralistas que carecieron de coherencia y sostenibilidad. Avances, retrocesos y muchas frustraciones han sido el resultado predominante de este trascendental proceso.

A inicio de los años sesenta, durante el gobierno de Belaunde, se estableció la elección popular y directa de las autoridades provinciales y distritales. El gobierno militar de fines de la década regresó al mecanismo de la designación.

Con la Constitución Política de 1979, se crearon las bases para el proceso de regionalización: se distribuyeron recursos, se generó la estructura de los Gobiernos Regionales y se les otorgó atribuciones.

Durante el segundo gobierno de Belaunde (1980-1985) se restablecieron las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, encargadas de ejecutar la inversión pública a nivel departamental.

Recordemos que, en el año 1986, en la cámara de diputados y senadores, el Dr. Javier Pulgar Vidal hizo su propuesta de regionalización, la misma que planteaba se realizara a través de macrorregiones que conectaran la costa, la sierra y la selva; en cada una debía haber un puerto y un aeropuerto, en función a sus actividades productivas. Soy testigo de excepción, en mi condición de exsenador, del trabajo técnico, político y pulcro, de Ramiro Prialé, quien como constituyente y senador, impulsó este proceso.

Durante gobierno de García (1985-1990) el proceso de regionalización fue significativamente priorizado, promulgándose, en 1987, la Ley de Bases de la Regionalización. Hasta 1990 ya se habían organizado 12 regiones sin contar con Lima Metropolitana.

La Constitución de 1993, debilitó legalmente el poder de los gobiernos regionales, reforzando, en cambio, a los gobiernos municipales. Sin bien la actual constitución acepta que la descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país (art. 188), reestablece la vigencia de los departamentos.

Con Toledo se promulgó la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (ambas en 2002), y se creó el Consejo Nacional de Descentralización (2003), donde se planteó la conformación de macrorregiones. Para tal efecto el 2005 se realizó un referéndum sin una adecuada difusión, consultando la conformación de 5 Regiones: Región Cusco-Apurímac, Región Ica-Ayacucho-Huancavelica, Región Nor Centro Oriental (Ancash-Huánuco-Junín-Lima-Pasco), Región Norte (Lambayeque-Piura-Tumbes) y Región Sur Andina (Arequipa-Puno-Tacna). Todas fueron rechazadas por el electorado, excepto la Sur Andina, pero nunca se implementó.

La experiencia nos indica que la descentralización requiere de un proceso orgánico y planificado para conformar macrorregiones; cada una de ellas debe articular costa, sierra y selva, tal como lo planteaba Pulgar Vidal. Este proceso debe contar con asesoría internacional, ingresos fiscales propios y participación ciudadana. Recordemos que solo los países más chicos e islas pueden generar desarrollo centralizadamente.

Este no es el caso del Perú, que cuenta con un territorio extenso y variado, que necesita de varios polos de desarrollo. Concentrar todo en Lima ha generado el incremento de la informalidad, la corrupción y el desgobierno.

Incluso algunos países pequeños como Costa Rica buscan incrementar sus polos de desarrollo, actualmente intentan alcanzar 11, y continúan trabajando por su descentralización, la misma que, en cualquier circunstancia, es un proceso permanente.

 

Por: Eco. José Linares Gallo